Los gabinetes itinerantes que este gobierno desarrolla representan el propósito de descentralizar la comunicación política de los medios tradicionales como alternativa a la lógica de procesamiento industrial de la información. Que eso en ocasiones haya derivado en populismo y propaganda es cierto, pero también es cierto que existe un interés por habilitar otros canales de transmisión (lo que en las circunstancias actuales equivale más a confrontación que a diálogo) porque los ecos que reproducen varios medios privados y las campañas de desinformación montadas por grupos de oposición, han sido capaces de distorsionar a su conveniencia el panorama de los acontecimientos desde que el Ecuador nació como República. Los talleres de socialización sobre los articulados de las distintas leyes que hoy se debaten (o se entorpecen) en la Asamblea Nacional, y que se ejecutaron a partir de la Constituyente de Montecristi, son otro ejemplo. En ambos casos, las derivaciones y la eficiencia en los resultados obtenidos son, de por sí, harina para otra masa. Una masa a la que, para la discusión acotada al tema, se le podría sumar el papel que juega el conglomerado de los medios que regula el Gobierno frente al conjunto de medios privados que, aún y a pesar de los primeros, se instala con más ingerencia en la opinión pública.

El propósito de tal apuesta no apuntó solamente a la apertura de espacios en términos de infraestructura, sino a considerar a la comunicación como un asunto posible en el terreno del cara a cara entre autoridades y comunidad; de la interacción comunicativa personal -en el mejor de los casos buscando el diálogo y en el peor comunicando lo ya decidido y afrontando las consecuencias de la falta de socialización de los procesos-. En definitiva, se procuró crear una plataforma jamás antes planteada por ningún gobierno para acortar la brecha entre emisores y receptores, y para evitar las fases que procesan la información hasta que la vuelven noticia con un entreverado a placer de por ahí más pimienta y por allá más anilina.

Quiero pensar que la decisión de Correa de presentarse en el Regimiento Quito para intentar explicar los alcances de la nueva Ley de Servicio Público se debió, en parte, a que consideró posible el manejo de esta forma de ejercer la comunicación política aún en un escenario de disconformidad (ahora sabemos que para el momento de su llegada era más rebelión y candela, y que para detectarlo a tiempo no hubo Inteligencia competente que funcionara). Por lo demás, lo hizo porque le embriagó, de nuevo, la omnipotencia de la que se cree revestido.

Mirando con la primera perspectiva se puede reconocer el apego a una forma legítima de ejercer la política en términos de comunicación, y si miramos con la segunda reconoceremos imprudencia, desatino y hasta provocación. Ambas pueden ser ciertas, y ninguna, para el caso, resultó sabia ni oportuna; pero tampoco ninguna alcanza para determinar que lo ocurrido fue el resultado de un montaje y que por lo tanto ahora debemos estar hablando de un autosecuestro y un autoatentado. Argumentar que lo es porque Correa fue a meterse a propósito en la boca del lobo es tan poca cosa como lo es que porque entre la gente que estuvo en el Regimiento Quito andaba Fidel Araujo ya se puede hablar de la mano oscura de Sociedad Patriótica maquinando el magnicidio. La mano oscura de Sociedad Patriótica puede levantar sospechas porque su accionar político responde a una lógica revanchista y ruin, pero ni Fidel Araujo hablando por celular ni el coreado “eso fue de Lucio, eso fue de Lucio” son suficientes para comprobar nada. Al menos no todavía. Para lograrlo, de ser el caso, están las investigaciones que ya han empezado.

Sea por confiar desmedidamente en la capacidad de su retórica o por bravucón e impertinente que Correa se plantó en medio del motín policial, nada justifica y menos legitima la violencia con la que los miembros de la Policía amotinados hicieron avanzar el suceso hasta la desgracia que hoy todos lamentamos. Esto, que dicho ahora parece una perogrullada, debería servir para superar el si Correa lo provocó o no o el si lo hizo poco o mucho, y para avanzar en la necesidad de indagar en lo que hizo posible que se llegara a tal extremo y en los móviles furtivos que a unos cuantos cientos de policías les hicieron desprenderse de todo principio institucional y de todo valor humano. De eso no queda duda, los ojos desbordados de odio que apenas se alcanzaban a ver por entre sus máscaras improvisadas con camisetas, mostraban que lo suyo sobrepasaba un malestar gremial que buscaba reivindicaciones y que ya se había desviado hacia un sinsentido que empezaba a rayar en una masacre. El ataque a una ambulancia con socorristas y gente herida no soporta el más mínimo titubeo.


Tras el saldo, muchos miembros de esa jerarquía policial que por alguna razón no participaron de la revuelta (francos, enfermos, en viajes) tampoco la apoyaron. Varios de los que sí lo hicieron hoy dicen estar arrepentidos y otros tantos reconocen que fueron “lavados el cerebro” y “engañados”. Poco de esto se ha dicho a través de los medios. Esto circula por los pasillos de las entidades policiales compungidas y ha reflotado por testimonios a baja voz de algún policía conocido.

Una pregunta que parece clave es quiénes fueron y como se elaboró ese sistemático lavado de cerebro que en un momento de su descontrol, como queda demostrado por las grabaciones de audio hoy públicas, apuntó a asesinar al Presidente. La tesis del golpe de Estado aparece débil cuando se reconoce que era imposible que los policías insurrectos lograran respaldo ciudadano para lograrlo, pero si se considera, como también suena, que una importante facción militar estaba encaminada hacia lo mismo, la tesis ya no parece tan descabellada. Pero cuando nada se dio como se esperaba, cuando unas piezas del tablero se cayeron y otras cobraron dimensiones impensadas, se vino el fatal desenlace cuyas cifras siguen en aumento. Y se generó in extremis, por no decir que se puso en desarrollo un libreto preparado, lo que casi resulta en un magnicidio.

Sobre esto y sobre tanto más, por ahora, las dudas y las especulaciones, pero sobre otras aristas las urgencias y las reflexiones profundas. Es indispensable indagar en lo concreto, en los autores intelectuales y materiales de las campañas de instigación interna de las cuales pasquines, carteles impresos a medida y testimonios aislados son prueba; pero con igual resolución es urgente ahondar en lo simbólico y reglamentario que guía la labor de las instituciones de la fuerza pública. ¿Cuál es el papel de la Policía en la sociedad contemporánea?, ¿qué se quiere de ella y qué se le debe exigir?, ¿hacia dónde se dirigen las políticas que intentan enderezarla y reforzarla (en cuanto a equipamiento y aptitudes profesionales)?, ¿cuál es el papel que la sociedad civil ha desempeñado en el desarrollo de sus funciones?, ¿se trata de armar más a la Policía, de que “cada uno tenga su pistola”, o se trata más de educar y preparar intelectualmente a sus miembros, de hacer que cobren legitimidad y autoridad social más por su labor de servicio y control del orden que por la imposición de la fuerza -bruta-?, ¿es de temer una versión distorsionada y quizás más siniestra de la Doctrina de la Seguridad Nacional que gobernó en clave antidemocrática y lesiva para los Derechos Humanos las políticas de seguridad de la mayor parte de naciones latinoamericanas durante la época de la Guerra Fría, y que entre su ejes de acción incluía la penetración e infiltración de organizaciones sociales, la vigilancia física y electrónica de dirigentes populares, el allanamiento ilegal de sedes, el robo de bases de información y más argucias de persecución y represión que, en su programa original, aparentemente buscaban la protección y defensa del Estado?, ¿es de pensar que algunos postulados de ésta han alcanzado alguna forma de conversión en el sistema de Seguridad Ciudadana, que en teoría se preocupa por la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros?, ¿se ha enredado todo, se han podrido las alianzas y el orden que demarca la Constitución como resultado de la intransigencia del Ejecutivo y de la corrupción e ignorancia de ciertas bases de las fuerzas del orden?

Las preguntas caben para todas las piezas de este tablero en llamas que dejó el jueves 30. Las punzadas son para el gobierno, que diseña las políticas públicas; para la sociedad civil, que de distintas formas las aprueba, las comparte y las consume, y, con vergüenza, tristeza y paradoja, para las instituciones del orden, que resultan protagonistas de este amargo capítulo de nunca olvidar.

Por supuesto, ninguna respuesta será posible si esta tragedia para la vida y la democracia (que bastante maltrecha está) no encuentra de parte del Ejecutivo apertura para el diálogo; si no se la toma, siendo como ha sido, el día más triste de su vida, como una lección definitiva y una oportunidad impostergable para aflojar las amarras que le hacen creerse poseedor de las verdades únicas.

Esto no significa, de ninguna manera, que se deba pasar por alto las sanciones para quienes se las merezcan, aunque eso pueda generar otras fracturas. En un sistema resquebrajado suelen ser frecuentes la una de cal y la otra de arena.