“No estoy seguro de si somos “nosotros” los que podríamos exigirle a ella que se deje entender, quizás ella podría exigirnos a nosotros que le entendamos”, le comenté a mi mamá, “al final, el quichua es una lengua originaria que tal vez debió haber sido aprendida por todos”, le repliqué. “Tal vez, pero ya que no fue así, ella podría hacer algo para que todos le entendamos”, sentenció.
Días antes al concierto escuché a Mariela en una entrevista en la radio. El locutor se disculpaba reiteradamente con ella por tener que pedirle que tradujera al español los títulos de las canciones de su disco (que están en quichua). “¡Qué vergüenza!”, decía él, “tener que pedirte que nos traduzcas una lengua que también es nuestra, como si fuéramos extranjeros”. Mariela no acentuó la arenga del locutor y se limitó, más bien, a precisar que si bien el quichua es una de las lenguas ancestrales del país, no es la única.
Salvo por determinadas coyunturas, no es frecuente que nos detengamos a reflexionar, en una suerte de introspección identitaria, sobre la presencia o ausencia de ciertas dotes culturales en nuestro acervo. En el proceso de redacción de la nueva Constitución, sectores de la población indígena y mestiza abogaron por el reconocimiento del quichua y otras lenguas nativas como oficiales del Ecuador. Entonces, con la efervescencia reivindicativa, nos distrajimos en esa lucha hasta que supimos que sobre la hora el quichua y el shuar quedaron apuntados como idiomas oficiales de relación intercultural. Pero luego continuamos andando con la cabeza hundida en la contemporaneidad globalizada.
De ahí en más, cuando las circunstancias enfrentan a sectores indígenas con el Ejecutivo, escuchamos al Presidente intentando restarle peso a los reclamos con una apelación a su aparentemente reducida fuerza de representatividad frente a una totalidad que se la asume conforme. Y entonces se lanzan cifras en porcentajes como para legitimar las objeciones, pero con el mismo recurso se disparan dudas estructurales. Si la posibilidad de desestimar ciertas exigencias de grupos minoritarios (según datos del INEC, en 2001 un 6,8% de la población se autoidentificó como indígena) radica en su bajo porcentaje de representatividad frente al conjunto, o sea, en la poca trascendencia comunal de las propuestas, más claro, en su leve bien común potencial, ¿cabría pensar que así también las manifestaciones hereditarias de su cultura debieran ser consideradas como de interés nacional en tanto contengan cualidades utilitarias masivas, es decir, en tanto se ponga de relieve su valor de uso? De ser así, tal vez quepa asumir que para la población ecuatoriana no quichua hablante (un estudio de la FLACSO indica que en 1990 un 8,6% de la población nacional hablaba quichua) la lengua ancestral terminará significando una deuda cultural proscrita por las urgencias de una aldea global que, tras la legitimación del inglés como lengua universal, hoy empieza a advertir las arremetidas del mandarín. Mientras tanto, para los pueblos indígenas que lo utilizan fuera de las zonas donde habitan (Constitución dixit), el quichua significará, en tanto patrimonio cultural, más un registro de capital simbólico que un recurso concreto de comunicación. Por lo tanto, los cantos de Mariela Condo seguirán sonando para mucha gente más extraños que los de Madonna.